Es relativamente habitual que en las comunidades autónomas donde coexisten dos lenguas, caso del País Vasco, Cataluña, Galicia o la Comunidad Valenciana, haya algún tipo de información que se escribe solamente en una de las lenguas. Bien, pues una sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3, da la razón a un vecino de la ciudad de Pontevedra al denunciar este hecho. Y es que las señales de tráfico escritas en gallego han sido declaradas ilegales. Una sentencia que crea un precedente muy interesante.

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El denunciante, letrado de profesión, alegó contra una sanción impuesta al estacionar en una zona reservada a carga y descarga ya que existía una incorrecta señalización. Argumentó que si bien existía una señal vertical, esta únicamente tenía la leyenda en la que fijaba los horarios de aparcamiento restringido en gallego y no en ambas lenguas cooficiales. En su alegato, añadió que esta situación le impidió tener un conocimiento exacto de las condiciones en que estaba restringido el estacionamiento en la zona indicada por la señal. Pero no sólo eso, sino que la ley especifica que las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas e inscripciones figurarán en idioma castellano y, además, en la lengua oficial de la comunidad autónoma.

Como ves, lo tenía todo a favor, y aunque el demandante conocía, al parecer, el gallego al estar viviendo desde hace varios años en Galicia y realizando su labor en los juzgados de Pontevedra, la sentencia fue muy clara, aunque la magistrada reconoció que era de difícil credibilidad que no entendiera la señal de tráfico. No obstante, la juez le dio la razón pero añadió varias sentencias muy interesantes desde el punto de vista jurídico y son las que le pueden poner muy difícil la señalización en éstas provincias en las que coexisten varias lenguas.

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La Administración municipal es la responsable de "asegurar, con una correcta señalización (ajustada a las exigencias legales, sobre cuya interpretación no hay duda), la perfecta comprensión por los usuarios de la vía". En definitiva, que es responsabilidad del Concello de Pontevedra el que todos los conductores conozcan las obligaciones y prohibiciones específicas que rigen para el tramo por el que circulan o en la zona en la que desean estacionar.

Y es que esta falta de información entendible ha sido la razón para que la magistrada le diera la razón.

Pero aquí no acaba el asunto porque el concejal nacionalista, en funciones de portavoz municipal, César Mosquera, declaró que las señales "seguirán en gallego. No vamos a ceder". Veremos como acaba esta historia, pero no sería bonito que un ayuntamiento hiciera caso omiso de lo dictado por la justicia.