En Francia, los presidentes electos de la república tienen una fea costumbre: para celebrar su victoria electoral no se les ocurre otra cosa que decretar una amnistía general para los delitos de tráfico. La consecuencia de esta irresponsabilidad es evidente: las denuncias por exceso de velocidad aumentan de forma alarmante durante la campaña electoral.

Ahora, el actual ministro encargado de los asuntos de tráfico quiere poner coto a tales desmanes, y ha pedido a los candidatos a la presidencia que rompan con tan estúpida tradición. La petición ha sido aceptada por la mayoría de los presidenciables.

El ministro no ha querido desaprovechar la ocasión y se ha apresurado a estropear la noticia anunciando que el negocio de los radares es tan rentable que la población de estos aparatos aumentará durante este año de los 1.250 existentes hasta los 2.000. La medida hubiera sido más sensata si en lugar de comprar más aparatos, se dedicaran a colocar los ya existentes en los lugares donde realmente son necesarios.